¿Por qué la Comisión expedienta a España?
El 16 de diciembre de 2019 entró en vigor la conocida Directiva Europea “whistleblower”. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Los Estados miembros disponían de dos años para transponer dicha directiva a sus ordenamientos. Al no cumplir con este plazo, la Comisión ha abierto expediente a España y a otros miembros de la Unión.
Esta Directiva busca fomentar buenas prácticas y transparencia empresarial interna en entidades públicas y privadas. Para ello, la Directiva dispone que cualquier trabajador o persona relacionada con una entidad sea cual sea su posición puede denunciar malas prácticas que se den en su entorno laboral. Además, la protección al denunciante en su derecho a denunciar es un tema relevante..
Para denunciar las malas prácticas laborales de manera segura e incluso anónimamente, se pone de manifiesto la necesidad de implantar en dichas entidades, dependiendo del tamaño y objeto social, un Canal de Denuncias. De manera paralela, se expone la necesidad de mejorar la protección de las personas que informen sobre esto o sean testigos o puedan ser consideradas como denunciantes. Es decir, que aquellas personas que aporten información sobre delitos no sean perjudicados en su trabajo o incluso que dejen de denunciar por posibles represalias.
Estas medidas entre otras evidencian una nueva realidad en la Unión Europea. Una realidad basada en la preocupación por la estabilidad y transparencia empresarial y el afán por fortalecer las medidas de prevención de delitos.
Una de las condiciones que imponía Europa para esta Directiva era la obligación que tenían los Estados miembros de transponerla en sus ordenamientos internos. Dando de plazo el 17 de diciembre de 2021 para transponerla y previendo sanciones para aquellos Estados que no cumplieran con los plazos.
La Comisión Europea ha expedientado a España y a otros 23 miembros por no haber transpuesto esta Directiva a 1 de marzo de 2022.